La justicia de Bahía Blanca resolvió que el principal implicado en la causa por presuntas maniobras fraudulentas en la Corporación de Fomento del Valle del Río Colorado (Corfo) deberá finalmente enfrentar un juicio oral, luego de que se rechazara un planteo de su defensa para evitar esa instancia.
La decisión fue tomada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, que confirmó un fallo de primera instancia y denegó la suspensión del juicio a prueba solicitada por el contador Cristian Eval, señalado como el presunto ideólogo del esquema de facturación apócrifa.
Según la investigación, Eval se desempeñaba como gerente administrativo de Corfo y habría tenido un rol central en la validación de gastos irregulares mediante documentación falsa, en una operatoria que beneficiaba intereses particulares.
El caso se remonta a 2020, cuando se detectó la emisión de una factura por trabajos de mantenimiento en un puente de Pedro Luro que nunca se realizaron. La maniobra habría sido ejecutada por Diego Weinzettel —ya condenado a dos años y medio de prisión en suspenso— junto a su entonces pareja, quien figuraba como monotributista para emitir la facturación.
En ese contexto, la justicia consideró que la participación de Eval, en su condición de funcionario, impide la aplicación de mecanismos alternativos como la probation. El fallo remarca que este beneficio no corresponde cuando los delitos involucran a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
Además, tanto la fiscalía como los denunciantes —entre ellos el Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado— se opusieron a cualquier salida que evitara el juicio oral, al sostener que no se repararon los daños ocasionados.
De avanzar la causa, el imputado podría enfrentar penas de cumplimiento efectivo por delitos como fraude contra la administración pública, falsificación de documentos y uso de facturas apócrifas, con estimaciones que rondan entre cuatro y cinco años de prisión.
El expediente, que lleva casi seis años desde que se destapó el escándalo, podría abrir la puerta a nuevas responsabilidades dentro del organismo, en un caso que puso bajo la lupa el manejo de fondos públicos en la región.
