La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa manifestó su rechazo a la eventual adhesión de Argentina al Acta 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), aunque expresó su apoyo a la elaboración de una nueva ley de semillas que modernice el sistema vigente.
La entidad rural sostuvo que el país necesita reglas claras que promuevan la innovación genética y protejan el trabajo de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales, pero advirtió que adoptar UPOV 91 no sería adecuado para la realidad productiva argentina.
Uno de los puntos centrales del rechazo es el impacto que tendría el convenio internacional sobre el llamado “uso propio”, es decir, la posibilidad de que los productores guarden semillas de su propia cosecha para volver a sembrarlas en la siguiente campaña.
Según CARBAP, el Acta 1991 restringe esa práctica tradicional, amplía los derechos de los obtentores —las empresas o instituciones que desarrollan nuevas variedades— y modifica el equilibrio histórico entre quienes generan la tecnología y quienes la utilizan en el campo.
Desde la organización advirtieron que esta situación podría incrementar los costos para los productores y generar una transferencia de ingresos hacia las compañías biotecnológicas.
Propuesta de actualización de la ley
Pese a su rechazo a UPOV 91, la entidad rural consideró necesario avanzar en una actualización de la legislación nacional sobre semillas, con mecanismos más eficaces para proteger la propiedad intelectual y garantizar el cobro de regalías a los desarrolladores de genética.
En ese sentido, propuso fortalecer el sistema actual dentro del marco del convenio UPOV 78, al que Argentina está adherida desde hace más de cuatro décadas, mejorando los controles, la registración y la transparencia del sistema.
Reclamo por consenso en el sector
Finalmente, desde CARBAP remarcaron que cualquier modificación en las reglas que regulan la base tecnológica del agro debe surgir del diálogo entre productores, obtentores, industria y Estado.
La entidad sostuvo que el país necesita más innovación e inversión en el sector agropecuario, pero advirtió que las decisiones no deberían tomarse por compromisos externos sino mediante acuerdos que respeten la realidad productiva argentina.
