El rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Daniel Vega, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de exigir a las universidades públicas la presentación de un plan de contingencia para garantizar el dictado de clases durante los paros docentes y no docentes.
La medida fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano, que intimó a las autoridades universitarias a informar qué acciones adoptarán para asegurar la continuidad académica y recuperar contenidos frente al conflicto salarial. Sin embargo, desde el sistema universitario respondieron con dureza y apuntaron al Ejecutivo por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
En línea con el pronunciamiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Vega sostuvo que las universidades “permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión”, y remarcó que la tensión actual no se origina en las medidas gremiales, sino en “el incumplimiento estatal de obligaciones legales” vinculadas al financiamiento del sistema.
El rector de la UNS viene advirtiendo desde hace meses sobre el deterioro presupuestario y salarial que atraviesan las casas de estudio. Según manifestó en distintas oportunidades, la falta de actualización de partidas y la demora en la aplicación de la ley impactan no solo en los salarios docentes y no docentes, sino también en el funcionamiento cotidiano de las universidades.
La intimación del gobierno se da en medio de un escenario de conflicto creciente entre Nación y las universidades públicas, atravesado por reclamos salariales, medidas de fuerza y una fuerte disputa política por el financiamiento educativo. Desde el ámbito universitario consideran que exigir planes de contingencia sin resolver el problema presupuestario representa una provocación y una inversión del foco del conflicto.
En ese marco, Vega respaldó la postura institucional del CIN y reiteró el pedido central del sistema universitario: que el Gobierno nacional cumpla con la normativa vigente y garantice los recursos necesarios para sostener el normal funcionamiento de las universidades públicas.
