El intendente Pablo Garate presentó una acción judicial contra la Nación por los cambios en el régimen de Zona Fría.
El reclamo apunta a restablecer las bonificaciones para los usuarios residenciales y las instituciones comunitarias afectadas por la nueva normativa.
El municipio de Tres Arroyos, encabezado por el intendente Pablo Garate, inició una demanda judicial contra el gobierno nacional de Javier Milei para reclamar la restitución de los beneficios del régimen de Zona Fría.
La presentación se suma a otras acciones impulsadas en la provincia de Buenos Aires para cuestionar la modificación del sistema de descuentos en las tarifas de gas, que afecta a 94 municipios bonaerenses.
El reclamo surge tras la entrada en vigencia de la Ley 27.828, promulgada mediante el Decreto 1161/2026, que modificó el esquema de bonificaciones para los usuarios de las regiones incorporadas al régimen. Desde el Ejecutivo tresarroyense cuestionaron especialmente la eliminación de los descuentos para clubes deportivos, asociaciones civiles sin fines de lucro, centros comunitarios y otras entidades de bien público, que hasta ahora contaban con tarifas diferenciales para sostener sus actividades sociales y deportivas.
Otro de los puntos centrales de la demanda es el cambio en la metodología de cálculo de los descuentos para los usuarios residenciales. Mientras que el esquema anterior contemplaba bonificaciones del 30% y del 50%, según la categoría del beneficiario, el nuevo sistema aplica la ayuda sobre una porción más acotada del costo del gas.
De esta manera, el descuento efectivo sobre el monto total de las facturas puede resultar considerablemente menor, con consecuencias para la economía de las familias.
Entre los argumentos presentados, el municipio sostiene que las condiciones climáticas de Tres Arroyos no cambiaron desde la ampliación del régimen aprobada en 2021. En ese sentido, considera que la necesidad de calefacción responde a características geográficas y meteorológicas que no deberían quedar subordinadas exclusivamente a criterios socioeconómicos.
La postura de Garate se apoya en la idea de que el beneficio reconoce las condiciones de vida de quienes habitan regiones con bajas temperaturas y no debe entenderse únicamente como una asistencia destinada a los sectores de menores ingresos.
La presentación judicial busca que se revisen las medidas nacionales y se restituyan las condiciones de acceso a las bonificaciones que regían anteriormente. El caso se suma a los reclamos impulsados por otros municipios y organismos de la provincia, en un conflicto que enfrenta a las administraciones locales con el Gobierno nacional por el impacto de los cambios tarifarios.
La discusión sobre la continuidad de la Zona Fría tiene especial relevancia para el sudoeste bonaerense, donde las bajas temperaturas durante buena parte del año incrementan las necesidades de calefacción de los hogares.
