El pringlense Héctor Scavuzzo fue denunciado por administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de administración pública, durante su desempeño al frente de Astillero Río Santiago en 2014 y 2015.
La presentación la hizo el propio titular de ese organismo en la actualidad, Daniel Capdevila, quien advirtió ante la justicia “gravísimas maniobras”.
Además, requirió “se proceda a la individualización de cada uno de los autores, coautores, partícipes necesarios, partícipes secundarios y/o encubridores de los delitos que sean constatados”.
Capdevila refiere en su denuncia a “administración dolosa”, “actos administrativos irregulares”, y el desvío de cuantiosas sumas de dinero en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional Ensenada y de “contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas en perjuicio de Astillero”.
“Las conductas acarrearon graves perjuicios económicos, algunos claramente evidenciados, y otros que seguramente se irán descubriendo a lo largo de la instrucción. Hay indicios de la existencia de otras irregularidades tales como, vehículos utilizados a nombre de otras personas, viviendas suntuosas no acordes a ingresos, aportes de campaña a partidos políticos, proveedores ligados a empleados, etc”, expuso en su presentación.
Capdevila detalla que entre las erogaciones a ATE “sin respaldo legal alguno”, aparecen 701.920 pesos en 2014 y por 18.560.000 pesos en 2015. Según señaló, corresponden a un presunto acuerdo entre el gremio y Astilleros que no habría sido homologado por el ministerio de Trabajo.
El titular de Astilleros también denunció “irregularidades en contrataciones para favorecer a empresas contratistas sospechosamente vinculadas con ATE o con algunos de sus principales directivos o referentes”.
“Es que ATE, en el período indicado, en la práctica ejercía el control del Astillero”, aseguró Capdevila.
Según relató, a través de los ex gerentes el gremio tenía el control administrativo del ente, pero además -dijo- contaba con “una fuerza de choque” que se movía libremente por el astillero y controlaba la seguridad del predio, tarea a cargo del cuñado de Octavio Flamini, mano derecha de Francisco Banegas, secretario general de ATE Seccional Ensenada.
ATE -agregó el actual administrador del ente- controlaba además el servicio de comedor, aunque con un método peculiar: percibía “sin ningún tipo de rendición o comprobante legal” un total de 51.538.219 anuales, los que presuntamente se destinaban a la compra de alimentos, ya que el resto de los gastos los afrontaba Astilleros.
Sin embargo -según estimaciones de Capdevila- de los 3.308 trabajadores activos apenas unos 1.200 utilizaban el comedor. Incluso señaló que se pagaba por la totalidad del plantel, cuando Astilleros tiene un promedio de ausentismo del 25%.
“Hay casos de trabajadores que manifiestan haber solicitado no se les descuente el ítem del comedor por no sólo no usarlo a futuro, sino porque no lo han usado nunca, y dicha acción jamás se ha concretado. Todo ello es parte del sistema antes identificado que existe dentro del Astillero donde los cuadros medios que tomasen una decisión por el estilo deben enfrentarse a ATE y sufrir sus presiones e intimidaciones”, denunció Capdevila.
El administrador también denunció el otorgamiento discrecional de una dispensa, consistente en el pago regular del salario a quien llegó a la edad jubilatoria y está tramitando los haberes correspondientes.
“Lejos de tratarse de una situación de excepción, hoy en ese estado se encuentran 110 empleados -puntualizó-. En dicho mecanismo se encuentran casos que han estado dispensados y aún no han iniciado su trámite jubilatorio”.
Capdevila también denunció que ATE y otros gremios acercaron a Astilleros empresas como Whitesea y Abadía de Mar, ambas del mismo dueño. Con ambas firmó contratos de construcción de embarcaciones que preveían multas para el ente en caso de incumplimiento; según aseguró, en ambos casos Astilleros no cumplió y tuvo que pagar.
“Se trata de empresas absolutamente insolventes que, en base a sus íntimas relaciones con aquellas asociaciones gremiales, han obtenido la firma de contratos por U$S 200.000.000. Ello solo puede ser consecuencia de un plan premeditadamente destinado a crear una empresa naviera de la nada y con nada o, en el peor de los casos para ellos, de efectivizar incumplimientos por 20 millones dólares sin riesgo alguno”, señaló.
Capdevila también denunció que, para “eludir las normas y fijar precios libremente”, desde el propio astillero se generó un sistema para eludir los organismos de control de la Provincia, como la Contaduría Provincial, la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado.
“Todo contrato debería ser revisado por los mencionados organismos y luego ser ratificado por la Gobernación; ante ello, desde el Astillero, se decidió en las reparaciones o construcciones menores no firmar contratos y trabajar por medio de un presupuesto y órdenes de trabajo, pudiendo con ello tener una total autonomía sobre los mismos respecto de condiciones y precio, en flagrante violación a la normativa de Zona Franca y Aduanera”, se explicó.
“Este sistema llevado adelante por los investigados, en grosera elusión de los sistemas legales de control y violación a la 17 normativa vigente, es evidentemente sostenido por el control de ATE, quien es la encargada de acercar a las empresas que realizan las reparaciones y construcciones. Prueba de ello es que cuando esta nueva administración puso freno a este sistema, ATE lo sumó en sus reclamos sindicales”, agregó.
Por último, Capdevila denunció que Astilleros no retuvo pagos que sus trabajadores debían hacer a la AFIP, razón por la cual incurrió en una deuda con el organismo recaudador de casi 68 millones de pesos.
Fuente: La Nueva
