Allanamientos por amenazas a los jóvenes que mataron a la nutria

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La investigación por las amenazas denunciadas por los jóvenes de Huanguelén involucrados en el caso del asesinato de la nutria en Bahía Blanca, sumó dos allanamientos.

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia a partir de la denuncia presentada por Juan Bautista Bravo, de 18 años, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios a través de Instagram. Según consta en la presentación, uno de los mensajes contenía una fotografía de un arma de fuego junto a una imagen del joven y una advertencia relacionada con concurrir al pueblo y efectuar disparos contra la vivienda de los involucrados.

Bravo había quedado en el centro de la polémica luego de la viralización de un video en el que se observa la muerte de una nutria. En el marco de la investigación por las amenazas, el joven señaló como sospechoso a Alonso Segundo Christiani, de 20 años, a quien vinculó con la cuenta de Instagram desde la que presuntamente se enviaron los mensajes.

Uno de los operativos se llevó adelante en una vivienda ubicada en calle 2, entre 32 y 34, de Huanguelén, localidad perteneciente al partido de Coronel Suárez.

El resultado fue negativo: durante el procedimiento no se encontraron armas de fuego ni teléfonos celulares y tampoco se encontraba en el domicilio el joven señalado en la denuncia. Los moradores fueron identificados por el personal policial.

El segundo allanamiento se realizó en un departamento ubicado en Gorriti 160, tercer piso, de Bahía Blanca, con intervención de efectivos de la Comisaría Segunda.

En este caso, el resultado fue positivo para la investigación, ya que los agentes secuestraron un teléfono celular iPhone 16 que pertenecería a Christiani. El dispositivo quedó incorporado a la causa y será sometido a las medidas correspondientes para intentar determinar el origen de los mensajes.

Con los elementos secuestrados, la Justicia continuará con las tareas destinadas a establecer desde qué dispositivo y cuenta fueron enviados los mensajes intimidatorios y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Por el momento, la investigación se mantiene abierta y los allanamientos constituyen medidas destinadas a reunir pruebas sobre las amenazas denunciadas, sin que ello implique una resolución sobre la responsabilidad de las personas mencionadas en la causa.

Fuente: La Nueva

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