La instalación de postes para redes de fibra óptica en distintos barrios de Punta Alta generó una fuerte polémica entre vecinos, concejales y autoridades municipales, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades y falta de controles.
El conflicto se originó en sectores como el barrio Ciudad Atlántida, donde frentistas denunciaron la colocación de postes plásticos en plena vereda, lo que dificulta el tránsito peatonal y afecta especialmente a personas con movilidad reducida. Además, algunos vecinos advirtieron que las estructuras incluso obstruyen accesos a viviendas y garajes.
Las tareas, vinculadas a la instalación de cableado de fibra óptica por parte de una empresa de telecomunicaciones —señalada como Movistar—, se habrían extendido por varias calles sin información clara sobre su autorización.
A los reclamos por la ubicación de los postes se sumaron denuncias por daños en la infraestructura urbana. Según vecinos, durante los trabajos se rompieron veredas y hasta cañerías, generando pérdidas de agua que permanecieron sin reparación durante semanas.
Desde el ámbito político, el tema escaló rápidamente. El concejal Daniel Medina cuestionó la legalidad de las obras y sostuvo que la instalación de este tipo de estructuras debe contar con autorización del Concejo Deliberante, algo que —según afirmó— no habría ocurrido.
En paralelo, se presentó un pedido formal para que intervenga el ENACOM, con el objetivo de determinar si la empresa cumplió con las normativas vigentes tanto a nivel nacional como local. También se solicitó información al Ejecutivo municipal ante la falta de precisiones sobre permisos y controles.
Frente a la creciente controversia, el municipio de Coronel Rosales actuó en algunos sectores retirando postes y cortando cableado que no contaría con autorización, aunque reconoció que en otras zonas sí existirían permisos para avanzar con el tendido.
El caso abrió un debate más amplio sobre la planificación urbana, el control de obras privadas y la necesidad de compatibilizar el desarrollo de infraestructura tecnológica con el respeto por el espacio público y la seguridad de los vecinos. Mientras tanto, la comunidad espera definiciones oficiales que permitan esclarecer responsabilidades y evitar que se repitan situaciones similares.
