El Senado de la Nación dejó sin efecto el veto presidencial y restituyó la vigencia de la Ley de Emergencia para los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales.
La medida obtuvo 51 votos afirmativos y ninguna objeción, aunque registró 21 ausencias entre los bloques de La Libertad Avanza y sus aliados.
La norma contempla la asignación de un fondo especial de 200 mil millones de pesos, con administración a cargo de la Jefatura de Gabinete. Tiene como objetivo asistir a los damnificados y reparar los daños generados por las inundaciones que afectaron a miles de personas.
A diferencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 238/25, la ley prevé un abordaje integral y multisectorial. Incluye subsidios no reintegrables para familias, líneas de crédito con tasas preferenciales, financiamiento para infraestructura pública y asistencia directa a PyMEs.
Además, establece beneficios impositivos como exenciones fiscales, así como plazos de gracia para cumplir con obligaciones legales, bancarias y comerciales. Estos mecanismos amplían el alcance de la respuesta estatal y permiten atender a distintos sectores de las comunidades afectadas.
El DNU, en cambio, se limita al pago por única vez de una suma fija para personas físicas. La prestación excluye a empresas, instituciones públicas y otros actores fundamentales en la reconstrucción local.
Con esta decisión del Congreso, vuelve a estar vigente una herramienta de emergencia más amplia, pensada para responder de forma coordinada a las múltiples consecuencias de la catástrofe.
