La delegación Bahía Blanca de la Cámara Argentina de la Construcción realizó una denuncia penal contra la UOCRA por aprietes.
En la presentación, firmada por su presidente, el tresarroyense Pablo Quintín, propietario de la firma Vial Agro, se indica que la central obrera incurrió en acciones presuntamente delictivas como extorsión, amenazas, intimidación y hasta de asociación ilícita.
Según se indica, la UOCRA exige, de manera imperativa, beneficios extraordinarios por sobre el salario vigente, “los cuales superarían entre un 20% y un 35% los convenios salariales ya suscriptos y homologados”.
También, contrataciones de servicios o la compra de insumos a determinados proveedores, en muchas ocasiones con valores muy por encima de los de mercado.
Mañana en la sede local del Ministerio de Trabajo, se desarrollará una audiencia de conciliación entre las partes. Vial Agro sostiene que dos obras, en la ruta 35 y en la ruta 51, se registran numerosas interrupciones.
Vale recordar que durante la semana, la gobernadora María Eugenia Vidal pasó por la región, y denunció públicamente a la UOCRA, y la tildó de mafiosa.
Esas manifestaciones fueron respaldadas por las autoridades de la Unión Industrial local, y provocaron la inmediata respuesta del gremio.
La mesa ejecutiva del sindicato de la construcción emitió un comunicado titulado “Miente miente que algo quedará”, donde repudia y desmiente “las falaces y persecutorias” declaraciones de mandataria.
Se subraya que la comisión fue elegida para defender los derechos de los trabajadores en cuatro elecciones desde hace doce años y que ello, “lejos de asumir una actitud fatalista ante el desastre que su gobierno provoca en la masa trabajadora, gestionamos mediante negociaciones limpias y frontales con las empresas que demuestran un sentir solidario para con aquella, acuerdos que mejoren mínimamente los convenios paritarios, ya devorados por su política económica y las condiciones laborales”.
Consideran que la denuncia de Vidal es “sobre actuada” y además profundizaron críticas tanto al gobierno provincial como nacional por sus políticas sociales y económicas.
