El bloque del Frente para la Victoria – Unidad Ciudadana de Coronel Dorrego presentó un proyecto solicitando que se determine la existencia o no de glifosato en los pozos de agua del distrito.
Como antecedente de lo sucedido en la localidad de Pergamino, donde un juez suspendió la fumigación en cuatro campos aledaños a tres barrios donde se halló la presencia de agrotóxicos en el agua, varios municipios comenzaron a analizar medidas para evaluar el impacto de los fitosanitarios a nivel local.
El caso volvió a poner en agenda una temática que preocupa en el interior provincial. Vecinos, concejales y funcionarios iniciaron distintas acciones para conocer el estado de situación en sus distritos, donde según aseguran, las ordenanzas que regulan la aplicación de agroquímicos tienen cumplimiento parcial.
Un grupo de vecinos inició una campaña para juntar firmas para pedir al Concejo una ordenanza que regule la aplicación y acopio de agroquímicos.
“Somos uno de los pocos partidos de la provincia de Buenos Aires que no tiene ninguna ordenanza ni respeta límites mínimos para la aplicación ni disposición de envases vacíos, que muchas veces terminan en algún basural a cielo abierto. Entendemos que las autoridades deben tomar medidas urgentes en este asunto ya que hay riesgo a la salud y el medioambiente de los vecinos del partido”, destacaron los organizadores.
Vale recordar que en diciembre pasado, el Gobierno bonaerense había establecido una serie de pautas para el uso de agroquímicos en la provincia, pero la resolución cosechó diversos cuestionamientos, sobre todo porque no establecía distancias concretas de aplicación, por lo que finalmente su vigencia fue suspendida por un año.
Si bien la resolución no era obligatoria, invitaba a los distritos a adherirse ante la inexistencia de una ley que regule el uso de los agroquímicos en toda la provincia, y cuando al menos unos 70 distritos cuentan con ordenanzas que establecen diferentes criterios al respecto. Pero la falta de distancias de aplicación establecidas despertó las críticas, debido a que algunas normativas locales son consideradas “más exigentes” que la que planteaba la Provincia.
Fuente: DIB
