Se aplazó seis meses la resolución que prohibía a los municipios cobrar en las boletas de luz tasas ajenas al servicio eléctrico.
La medida, que también beneficia a las más de 200 cooperativas que funcionan en el interior bonaerense, debía entrar en vigencia el 1° de enero, pero fue aplazada por 6 meses por una resolución del Oceba.
Aunque la medida se da a conocer ahora, surgió como parte de los acuerdos para la aprobación del Presupuesto 2019, a principios de diciembre. La resolución original, aprobada el 8 de mayo pasado, establecía que las facturas de luz no podían contener conceptos “ajenos a la prestación del servicio de energía eléctrica”.
Esto afectaba directamente a los intendentes, que durante años fueron incorporando en las boletas tasas municipales de distinta índole, aprovechando el alto porcentaje de cobrabilidad que les aseguraba.
La ecuación era sencilla y altamente redituable: los usuarios debían pagar sí o sí para evitar cortes en el servicio. Pero la prohibición también perjudicaba a las cooperativas del interior provincial, quienes bajo la misma lógica que los municipios incorporaban a las boletas de luz los diferentes servicios que prestan, muchas veces reemplazando las funciones del Estado.
Por esa vía, sostenían mutuales, sepelios y emergencias médicas, cuya cobrabilidad no podían asegurar de otra forma. Tras la polvareda que generó la medida, el Oceba resolvió a fines de junio postergar su aplicación hasta el 1° de enero, bajo el argumento de que “el cumplimiento de la medida implica para los municipios modificaciones en sus sistemas de recaudación y cobro y, para los distribuidores municipales, la adaptación de sus sistemas de facturación”.
Ahora, en una resolución similar, el organismo de control pateó hasta el 1° de julio la vigencia de la medida, al sostener que “a la fecha subsisten las razones invocadas” oportunamente. Pero más allá de las explicaciones técnicas, la decisión tiene un trasfondo político: fue un pedido unánime de intendentes del oficialismo y de la oposición, ante el panorama que presentaba la negociación del Presupuesto 2019.
Aquejados por el recorte de fondos coparticipables (como el Sojero) y ante el posible traslado de subsidios a sus distritos, los jefes comunales pidieron entonces mantener el cobro de tasas en las facturas de servicios, aduciendo que la prohibición les haría desplomar la recaudación en momentos en que necesitaban suplir con recursos propios aquellos que Nación dejaba de enviarles.
La prohibición, ahora prorrogada, se había establecido originalmente en el marco de la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de eliminar los impuestos provinciales que gravaban el consumo eléctrico, como un gesto hacia los usuarios que reclamaban por los constantes “tarifazos”.
En efecto, a fines de abril la mandataria bonaerense derogó por decreto y a través de leyes aprobadas por la Legislatura una serie de impuestos a las tarifas de servicios, cuya recaudación no se destinaba a los destinos que habían sido fijados oportunamente.
En conjunto, las medidas del Ejecutivo habían generado una baja del 10,4% en la luz, del 6,3% en el gas y del 3,2% en el agua. Además, en junio y tras más de un mes de intensas negociaciones con la oposición, el oficialismo logró que la Legislatura avale la eliminación de dos impuestos a las tarifas que eran recaudados por los municipios.
