El Senado bonaerense aprobó de manera definitiva una ley que garantiza la continuidad permanente de los beneficios impositivos y promocionales para los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Tornquist y sectores de Saavedra.
La iniciativa busca dar previsibilidad a las economías regionales y evitar que los municipios deban gestionar cada cinco años la renovación de las exenciones fiscales, como sucedía hasta ahora.
El proyecto fue impulsado por el diputado de Fuerza Patria y presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, y había obtenido media sanción en julio pasado. Con la aprobación de la Cámara Alta, se modificaron las leyes provinciales 12.322 y 12.323, que regulan los beneficios correspondientes al Área Patagónica Bonaerense y la Zona Austral Desfavorable. El objetivo es compensar las desventajas productivas de una región que presenta condiciones diferentes a las del resto de la provincia.
En el caso de Patagones, la normativa establece exenciones permanentes del 100% en los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural, Ingresos Brutos y Sellos para las actividades agropecuarias, comerciales, industriales y de servicios. De esta manera, los contribuyentes del distrito dejarán de depender de las prórrogas periódicas para mantener esos beneficios fiscales.
Para Villarino, Puan, Tornquist y parte de Saavedra, en tanto, se mantienen las condiciones de la Zona Austral Desfavorable, que contempla dos categorías. En la subzona A se establece una exención del 50% en los impuestos Inmobiliario Urbano, Inmobiliario Rural, Ingresos Brutos y Sellos. En la subzona B, los beneficios alcanzan el 100% de esos tributos e incluyen también el impuesto a los automotores destinados al transporte.
La subzona B comprende la totalidad del partido de Villarino y los cuarteles V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de Puan; VIII, IX, X y XI de Saavedra; y III, IV y V de Tornquist. El resto de los sectores de Puan y Tornquist incluidos en la normativa, junto con la región de CORFO, permanecerán dentro de la subzona A, con una reducción del 50%. La ley también faculta al Poder Ejecutivo provincial a dictar las normas reglamentarias necesarias para su aplicación.
