La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó un fuerte rechazo a la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la desregulación del sistema de vacunación contra la fiebre aftosa, al considerar que la medida carece de fundamentos técnicos y pone en riesgo el estatus sanitario del país.
La controversia se originó tras una resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que habilita a los productores a elegir veterinarios privados para la aplicación de vacunas, modificando el esquema tradicional basado en entes sanitarios y fundaciones.
Desde la entidad rural calificaron la medida como “inconsulta” y cuestionaron que se haya implementado sin debate previo en ámbitos técnicos como la Comisión Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Conalfa) o las comisiones provinciales sanitarias.
CARBAP sostuvo que el sistema vigente ha permitido mantener a la Argentina libre de la enfermedad durante más de dos décadas y remarcó que no existen razones sanitarias ni económicas que justifiquen su modificación. En ese sentido, advirtió que cambios de este tipo ya fracasaron en el pasado y derivaron en crisis sanitarias, como la ocurrida a comienzos de los años 2000.
Además, la organización expresó preocupación por la falta de claridad en torno a la implementación del nuevo esquema, especialmente en lo referido a quién garantizará el cumplimiento de la vacunación y el control en establecimientos pequeños o alejados. Según señalaron, más de la mitad de los productores poseen rodeos de menor escala, lo que podría dificultar la cobertura si el sistema queda librado al mercado.
En el plano económico, CARBAP también cuestionó los argumentos oficiales al indicar que el costo de la vacuna no representa un factor determinante dentro de la estructura productiva y que el actual modelo permite equilibrar costos entre productores mediante un esquema solidario.
El rechazo de la entidad encontró respaldo en distintas asociaciones rurales, especialmente en la provincia de La Pampa, donde varias organizaciones calificaron la medida como “grave” y alertaron sobre sus posibles consecuencias.
En este contexto, desde CARBAP insistieron en la necesidad de mantener el sistema sanitario vigente y abrir instancias de diálogo técnico antes de avanzar con cambios estructurales que, según advirtieron, podrían afectar la sanidad animal y las exportaciones de carne argentina.
