La condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández, generó repercusiones en la región.
Uno de los primeros en salir a expresarse fue Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense quien dijo que la condena estaba escrita desde antes de iniciarse el proceso judicial y que armaron una causa “sin pruebas ni delito, con jueces y fiscales parciales cuyo único objetivo es excluirla de la política Argentina para siempre”.
En ese sentido, agregó que “nunca le van a perdonar el coraje de haber enfrentado al poder económico y judicial para que los laburantes puedan vivir mejor”.
‘Frente a esta vergonzosa parodia de justicia, reafirmamos nuestro acompañamiento y solidaridad incondicional con Cristina en momentos donde es necesario estar todos juntos”, completó.
Por su parte, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, opinó que esto ratifica lo que advirtieron con el fallo del 2022, que es “la consagración de la vulneración del debido proceso, la violación del principio de culpabilidad y del derecho penal de acto”.
“Distorsionar el proceso penal y convertirlo en una herramienta política es un daño al Estado de derecho y a la democracia. La acusación contra Cristina se basó en cuestiones fácticas no judiciables, otras irregularmente introducidas en la causa y con nulidades procesales palmarias”, amplió.
En la otra vereda, el Pro – libertario Fernando Compagnoni respondió que “proscripción es negarle a alguien el derecho de participación por su ideología, sexo, raza, religión, etc. Y condena es la aplicación de una pena por robar, matar, cometer cualquier acción castigada por la ley”.
