La justicia bonaerense dictó sentencia en el marco del caso por la muerte de Daiana Soledad Abregú, ocurrida en 2022 en una comisaría de la localidad de Laprida.
El fallo recayó sobre la agente policial Vanesa Soledad Núñez, quien fue hallada culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
La resolución fue emitida por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Azul, a cargo del juez Aníbal Norberto Álvarez, quien determinó que la imputada incumplió con su obligación de custodia sobre la joven detenida. Como consecuencia, fue condenada a dos años de prisión de ejecución condicional y a cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
El hecho
El caso se remonta al 5 de junio de 2022, cuando Abregú, de 26 años, fue hallada sin vida en un calabozo de la Estación de Policía Comunal de Laprida, tras haber sido detenida por disturbios en la vía pública. Según se probó en el juicio, la joven murió por asfixia mecánica al ahorcarse con una prenda atada a una reja dentro del sector de locutorio.
Al momento del hecho, Núñez cumplía funciones como “imaginaria de calabozos”, es decir, tenía la responsabilidad exclusiva de vigilar de forma permanente a la detenida entre las 13 y las 18 horas. Sin embargo, el tribunal consideró acreditado que no ejerció ese control de manera adecuada.

Fundamentos de la condena
Durante el juicio, se incorporaron testimonios de efectivos y personal de salud que coincidieron en que la tarea de custodia exige vigilancia constante, sin posibilidad de distracciones ni delegación. Además, se comprobó que el sector donde ocurrió el hecho no era completamente visible desde el puesto fijo, lo que obligaba a realizar recorridas periódicas.
El fallo subrayó que la omisión en el cumplimiento de esas funciones fue determinante en el desenlace fatal. Incluso, se señaló que un control adecuado podría haber permitido advertir la situación y evitar la muerte de la joven.
La sentencia
En su resolución, el juez concluyó que no existieron eximentes que justificaran la conducta de la agente y que quedó plenamente probada tanto la materialidad del hecho como su responsabilidad.
Debido a la ausencia de antecedentes penales, la pena será de cumplimiento condicional, por lo que Núñez no irá a prisión. No obstante, quedará inhabilitada para desempeñar funciones públicas durante cuatro años.
Repercusiones
El fallo generó disconformidad en la familia de la víctima, que durante el proceso sostuvo la hipótesis de un homicidio. Sin embargo, la Justicia descartó esa calificación por falta de pruebas y encuadró el caso en el incumplimiento de deberes funcionales.
De esta manera, el tribunal dio por cerrado en primera instancia un caso que tuvo amplia repercusión y que volvió a poner en debate las condiciones de detención y los protocolos de custodia en dependencias policiales.



