La municipalidad de Tres Arroyos, encabezada por el intendente Pablo Garate, presentó una denuncia penal contra dirigentes de La Libertad Avanza por una presunta vulneración de los derechos de personas con discapacidad, a partir del posible uso indebido de datos sensibles con fines electorales.
La acusación se apoya en información publicada por el diario Página/12 y en capturas de chats difundidas por medios regionales.
La presentación judicial fue impulsada por la coordinadora del Área de Discapacidad local, Andrea Elgart, junto al secretario de Desarrollo Social, Martín Garate. Según señalaron, los mensajes atribuidos a la concejala bahiense Franca Grippo darían cuenta de la posesión y eventual distribución del padrón de Incluir Salud —información protegida por ley— dividido por localidades para realizar tareas territoriales durante la campaña de 2025.
Elgart denunció que, mientras el municipio no pudo acceder a esos datos para acompañar a vecinos que debían revalidar documentación y evitar la pérdida de pensiones, la información habría sido utilizada con fines proselitistas. “Es cruel”, afirmó la funcionaria, quien además cuestionó la falta de recursos, medicamentos y programas nacionales destinados a personas con discapacidad durante los últimos años.
La denuncia fue radicada el 19 de enero ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº16, a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo, y se encuadra en el artículo 157 bis del Código Penal, que sanciona el acceso ilegítimo y la revelación indebida de datos personales, con el agravante de la condición de funcionarios públicos. En el escrito se solicita investigar la posible participación de referentes locales de LLA que asistieron a la inauguración de un local partidario en Tres Arroyos en junio de 2025.
Desde La Libertad Avanza, el coordinador distrital Alejandro Finocchio negó la existencia del chat y sostuvo que se trata de una maniobra política del gobierno municipal. En tanto, Grippo no respondió a las consultas periodísticas. La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió un uso indebido de información sensible y responsabilidades penales.
