El Concejo Deliberante de Adolfo Alsina aprobó un proyecto de pedido de informe, presentado por el bloque Unión por la Patria, vinculado con el uso y manejo de agroquímicos.
Al respecto, el concejal Leandro Varela recordó que “en el año 2014 este Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que ordenaba tanto el depósito, el almacenamiento de los agroquímicos, como también brindaba y establecía criterios de aplicación para aplicadores, y adhería a la ley provincial sobre las zonas en las cuales se podía o no aplicar agroquímicos, de acuerdo a cercanía con escuelas rurales, el ejido urbano, etcétera”.
“Han transcurrido diez años desde que se sancionó esa ordenanza y seis desde que venció el plazo para adecuarse a la norma”, expresó, y agregó que “en la actualidad, tenemos todavía aviones sobrevolando el ejido urbano cargados con agroquímicos, tenemos alguna pista de aterrizaje que está en cercanía a barrios, tenemos depósitos y comercios que están dentro del ejido urbano y no se han adecuado a la norma, tenemos galpones donde los mosquitos salen cargados desde el ejido urbano, no sólo en Carhué”.
“La norma era una norma que prevenía o iba en favor de la salud pública. Pasaron seis años desde que se tenían que adecuar estos empresarios. Todavía no sabemos si presentaron un plan de contingencia o de adecuación. Todavía no sabemos la cantidad de intimaciones. No sabemos si los organismos o las secretarías, o direcciones, están dictando los cursos que tendrían que dictar para aplicadores. No sabemos las multas que se han cobrado ni si se ha creado la cuenta específica a la que iban a ir destinadas esas multas”, enumeró Varela.
“No importan ya los funcionarios que deban hacer cumplir esta norma, y lo digo ya no como concejal sino como vecino y como padre de familia, el Intendente cuando vino acá habló sobre producción y sobre la adecuación de una producción basada en el medio ambiente o contemplando el medio ambiente. Por eso, le pido encarecidamente que les ordene a sus funcionarios que hagan cumplir esta norma. No para perjudicar a un empresario o un productor determinado, sino en beneficio de todos los ciudadanos de Adolfo Alsina”, pidió finalmente Leandro Varela.
En igual sentido, la concejal de Unión por la Patria, Carmen Calderón, expresó: “Quiero agregar a lo que dice Leandro que también, dentro del articulado de esa normativa, hay un ítem que dice que debe trabajarse en forma articulada con Bomberos, Defensa Civil y Salud para realizar protocolos preventivos. En su momento estuvimos con Bomberos y fue una de las inquietudes que nos plantearon”.
“Nos dijeron que, por ahí, desconocen qué tipo de material se está almacenando en algunos lugares de almacenaje, valga la redundancia, y que a ellos les inquieta si, en algún momento, suena la sirena llamándolos desde esos lugares, porque verdaderamente no tienen protocolos específicos preparados para los materiales que se almacenan en esos lugares. Estaría bueno que lo que dice esta normativa se haga cumplir, más que nada para llevar previsibilidad al cuerpo de Bomberos, a Salud y a Defensa Civil, ante un incidente que puede ser prevenible”, pidió.
El Municipio adhirió a la ley provincial 15.276:
Durante la misma sesión, el Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza remitido por el Ejecutivo, sobre adhesión municipal a la ley provincial 15.276.
La mencionada ley establece la formación obligatoria en desarrollo sostenible y en materia ambiental para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial.
Para ello, se conformó el Programa de Formación en Desarrollo Sostenible y Materia Ambiental. Este programa se instrumenta a través de la Dirección Provincial de Educación y Participación Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, considerando el diálogo con la sociedad un pilar fundamental para la construcción de políticas públicas ambientales.
En la misma, también se reconoce a la participación ciudadana como uno de los principios troncales del derecho ambiental, en relación al acceso a la información pública y la transparencia de la gestión pública.
Fuente: Cambio 2000
