La Cámara Federal de Casación dejó firme el procesamiento de una mujer sospechada de formar parte de un grupo de extrema derecha que durante la pandemia se oponía de forma violenta a la utilización de las vacunas contra el Covid-19. La imputada, radicada en Bahía Blanca, cobró notoriedad luego de un atentado con explosivos contra la casa de un funcionario de salud bonaerense el año pasado en el que quedó involucrada penalmente como partícipe secundaria.
Se trata de Analía Gladys Consoli, de 65 años, una ex empleada bancaria de Bahía Blanca que quedó en involucrada en las investigaciones penales luego de un atentado ocurrido en la madrugada del 8 de enero del año pasado en la puerta de la vivienda de Maximiliano Núñez Farina, director de la Región Sanitaria I -que abarca 15 distritos desde González Chavez a Patagones-, en las afueras de la ciudad de Bahía Blanca.
El ataque dejó símbolos. Detrás de la explosión de dos bombas incendiarias quedaron en el suelo volantes con consignas en contra del pase sanitario por coronavirus -que regía entonces- y amenazas de muerte. “¿Pasaporte sanitario? ¿Restricciones a la circulación? Quieren muertos… Los van a tener”, decía uno de los panfletos firmados por el “Comando de Restauración Nacional Mohamed Alí Seineldín”. También indicaba nombres y datos personales de personal sanitario de la zona y un pronunciamiento en contra de “las acciones terroristas de los grupos mapuches”.
La instrucción del hecho quedó a cargo de la UFI N° 7, en cabeza de la fiscal Leila Scavarda. Ciertos indicios llevaron a ordenar un allanamiento de la DDI de Bahía Blanca de la Policía Bonaerense sobre la vivienda de Consoli, donde encontraron más panfletos negacionistas: “Pase sanitario inconstitucional”, decía uno, “¿Entregarías a tu hijo a un experimento?”, apuntaba otro, con referencias a la supuesta especialista Chinda Brandolino, una referente de los grupos antivacunas, con información falsa sobre los efectos secundarios de la inoculación.
Con la suma de distintos elementos como mensajes de textos y en las redes, la titular del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, decidió procesarla por su participación en una agrupación cuyo objetivo es imponer por la fuerza o a base del temor sus ideas. También quedó ligada como partícipe secundaria de un atentado contra el Centro Cultural Mapuche y la señora Olga Curipan -una referente de la comunidad mapuche- bajo los delitos de intimidación pública, amenazas coactivas agravadas e incitación a la violencia colectiva.
Con respecto al ataque contra el funcionario de salud, la jueza ordenó su procesamiento por el delito de incendio en concurso real con intimidación pública, incitación a la violencia y amenazas coactivas agravadas. Por otro lado, le endilgó junto a su hijo Federico Santiago Carlos Pereyra Consoli, haber incurrido en falsificación de documentos públicos al truchar certificados de vacunación supuestamente emitidos por el Ministerio de Salud de la Nación.
Todo fue confirmado el 10 de abril de 2023 por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, frente a lo cual la imputada y su hijo presentaron un recurso de casación que fue denegado. De esa forma se presentaron de forma directa ante el máximo tribunal penal del país, que resolvió este jueves de forma unánime con la firma de los camaristas Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
“La resolución -procesamiento confirmado- contra la cual se interpone la presente vía de hecho no se encuentra contemplada entre aquellas resoluciones previstas en el artículo 457 del C.P.P.N., ya que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal, ni de un auto que pone fin a la acción, a la pena o hace imposible que continúen las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, expresaron los jueces al rechazar el planteo.
Por otro lado, el juez Hornos de forma unipersonal resolvió rechazar el planteo de recusación que realizó la mujer contra la jueza Marrón, encargada de la instrucción.
