La declaración del bahiense Andrés Omar Ombrosi en el juicio oral en el que se juzga el desvío millonario de fondos públicos del Astillero Río Santiago (ARS) volvió a poner en escena la presunta responsabilidad del ex ministro de Producción bonaerense Cristian Breitenstein durante el segundo mandato del ex gobernador Daniel Scioli.
El acusado también apuntó a los ex funcionarios Héctor Scavuzzo, Rodolfo Elisetch y Oscar Borcerio.
Durante su extenso testimonio, intentó despegarse de la maniobra por la que se esfumaron unos 16 millones de pesos del erario provincial. Ombrosi es el único de los acusados que aceptó ir a juicio oral.
En el banquillo de los procesados iban a estar el expresidente del ARS Scavuzzo junto a Elisetch (ex coordinador de sueldos y jornales), el ex gerente general Julio Borovik, el ex secretario de presidencia, Borcerio y el empresario Roberto Fiocca.
Las defensas de estas personas presentaron acuerdos para evitar el debate oral a cambio de aceptar su responsabilidad en los hechos y comenzar a reparar el daño generado.
Se sospecha que el acusado facilitó la entrega de 10 curriculms (CV) de personas con los que se realizaron contratos laborales a sus espaldas. Fueron nombrados como personal jerárquico del ARS con salarios que se pagaban en efectivo, por las sumas que oscilaban entre 30 y 35 mil pesos, entre los años 2012 y 2013, cuando la cotización oficial del dólar fue entre 4 y 5 pesos argentinos por cada unidad de moneda norteamericana.
Vengo a aclarar cosas que se dijeron y dejar asentada mi postura”, fue la frase con la que Ombrosi comenzó su declaración. Señaló que algunos de los CV que envió por mail al Astillero “fueron por pedido de Scavuzzo o Borcerio”.
“Nunca me imaginé que estaban haciendo esta barbaridad de nombrar gente, no trabajé en el Astillero, no tenía funciones en el Astillero, yo no tenía ninguna intención de cometer delitos”, intentó justificarse en su medulosa exposición en la que respondió la mayoría de las preguntas que le realizaron los fiscales y el tribunal.
Expuso durante más de dos horas. Sostuvo que “todo lo que hizo Scavuzzo fue un disparate”. Uno de los jueces le preguntó si tras su detención intentó comunicarse con el ex ministro Breitenstein y no vaciló en afirmar: “Lo llamé al ministro, le envié varios mensajes y nunca me atendió”. También señaló el blindaje mediático que tuvo el ex funcionario sciolista al sostener que mientras “salía en la tapa de los diarios, esposado, al ministro no lo nombraban”.
En un momento del relato Ombrosi, gobernado por la emoción, lloró al recordar que recibió “el apoyo de todos mis compañeros de trabajo”.
En relación al monto de dinero desviado desde al Astillero, no dudó en sostener que “tanta plata no termina en Scavuzzo”. Uno de los jueces le preguntó si sabía sobre el destino final de esos fondos a lo que respondió: “Si hubiera tenido información la habría aportado”.
En otro pasaje de la declaración apuntó contra el ex jefe de Gabinete de Asesores, Hernán Iriarte: “Hay tres testimonios que dicen que les pagaba en negro con plata dentro de sobres, en el propio ministerio” y preparó el terreno para mostrar su malestar con el fiscal de juicio, Jorge Paolini, quien fue el que instruyó el expediente: “Desde la fiscalía no quisieron saber la verdad, solo les importaba probar su hipótesis”.
Por su parte Victoria Huergo, la otra fiscal del juicio, recordó que existe otra causa en plena etapa de instrucción en la que se investiga la presunta responsabilidad de Breitenstein junto otras personas mencionadas en el expediente. Ombrosi también recordó que “Elisetch y Scavuzzo son los que acusan a Breitenstein”.
Sobre el final de la jornada reveló que “Scavuzzo me llamó antes del juicio para que abrevie, me dijo que la iba a ‘pasar mal por el escarnio público’”. También señaló que el ex funcionario sciolista Martín Ferré “me llamó ofreciéndome abogados, pero yo siempre quise tener mi propia defensa”.
Ombrosi fue detenido en marzo de 2016. A los cuatro días fue excarcelado y llegó a juicio en libertad. El delito por el que se lo acusa tiene una pena en expectativa de hasta 10 años de prisión. “Desde que recuperé la libertad me presentaba cada 15 días en la fiscalía para ver el avance de la causa, llevé pruebas, hice le trabajo que los fiscales no quisieron hacer”, se quejó para luego sostener: “Yo demostré que no soy un facilitador de datos para cometer delitos”.
La defensa está a cargo de abogado Juan Pedro Chaves. La próxima audiencia será el martes 16 de agosto a las 10:30 horas con testigos de descargo. La resolución del expediente está en manos del Tribunal Oral Criminal I de La Plata integrados por los jueces Hernán Decastelli, Ramiro Fernández Lorenzo y la jueza Cecilia Sanucci.
Fuente: 0221
