La Comisión Provincial por la Memoria solicitó a la jueza de garantías Fabiana San Román, que ordene la reautopsia sobre el cuerpo de Daiana Abregú, la joven que murió en un calabozo de la comisaría de Laprida, el pasado 5 de junio.
Según el organismo, la autopsia ordenada por el fiscal Cristian Urlezaga se realizó “sin respetar los estándares internacionales mínimos de investigación en casos de muerte bajo custodia estatal”, así como “tampoco se realizaron radiografías ni fotografías completas ni filmaciones conforme a los protocolos vigentes, y no se completaron extracciones de piel que podrían dilucidar el origen de algunas lesiones que pueden observarse”.
A pesar de esto y de otras pruebas en el expediente que obligan a profundizar la hipótesis del homicidio, el nuevo fiscal de la causa Juan Ignacio Calonje rechazó el pedido de reautopsia. En calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM que interviene como particular damnificado institucional en la causa, denunció estas irregularidades y reclamó a la justicia que se realice una investigación adecuada, eficaz y rápida para conocer la verdad de lo ocurrido.
En la madrugada del pasado 5 de junio, Daiana fue detenida por una contravención menor de “alteración del orden público” y alojada en los calabozos de la comisaría de Laprida. Horas más tarde, estando bajo custodia estatal, la encontraron muerta en la celda con signos de ahorcamiento.
Un día después de la muerte, el titular de la UFI 7 de Olavarría, Cristian Urlezaga, ordenó la autopsia sobre el cuerpo de la joven sin controlar que se respeten los estándares mínimos, establecidos por la normativa internacional y la Constitución Nacional.
A pesar de tratarse de una muerte en contexto de encierro, y de ser titular de una unidad teóricamente especializada en este tipo de delitos, Calonje siguió defendiendo la autopsia ordenada por el primer fiscal.
Lo hizo bajo el argumento de que había sido realizada en la Asesoría Pericial de la Corte Bonaerense y que la médica autopsiante no pertenece a la fuerza de seguridad implicada en el hecho.
Ante la negativa, la CPM le solicitó a la jueza de garantías de Azul Fabiana San Román que ordene con carácter urgente la realización de una nueva autopsia.
Fuente: Laprida Web
