El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez apeló el fallo del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, emitido el 25 de febrero pasado, en el que se dictó la falta de mérito y el sobreseimiento de un grupo de personas imputadas de integrar una asociación ilícita que se dedicó en 2015 al fraude electoral y a otros delitos en Monte Hermoso
En el recurso el fiscal señaló que los nueve miembros de la agrupación investigada, vinculadas al Partido Justicialista y al entonces intendente, Marcos Fernández, atrajeron durante ese año a individuos de bajos recursos a esa ciudad balnearia para registrarlos en domicilios falsos con el objetivo de que estén habilitados a votar en las elecciones.
El representante del Ministerio Público Fiscal, que apeló la sentencia con la finalidad de que sea revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, señaló que el juzgado no valoró la evidencia recopilada, las pruebas incorporadas y que no efectuó un análisis profundo sobre la intención de los acusados.
Asociación ilícita:
La Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca remarcó la existencia de una asociación ilícita, ante la desestimación del juzgado, que sólo consideró que el único delito existente fue el de falsedad ideológica de instrumento público, en dos personas de las cuales sí ordenó el procesamiento. Uno de ellos es Oscar Bertin, exdirector del Registro de las Personas de Monte Hermoso, a quien se lo procesó por ese delito reiterado en nueve hechos.
Sin embargo, de acuerdo con la imputación del MPF, fueron varios imputados quienes prestaron su domicilio personal para la registración de personas que no residían efectivamente en Monte Hermoso. Mientras que en el domicilio de un imputado se registraron nueve personas, en otro fueron cinco y en otro se consignó a siete personas.
Por otra parte, el juzgado dispuso la nulidad de las declaraciones testimoniales de las personas cuyos domicilios fueron cambiados por considerar que estos no revestían la calidad de víctimas, sino de imputados. En su recurso, Martínez sostuvo que era irrazonable entender que estas personas formaban parte del entramado delictivo.
Sobre ello, remarcó que se trataba de personas humildes que únicamente se vieron favorecidas con exiguos beneficios, como era la obtención del DNI o el carnet de conducir, y que su calidad de víctima también se desprendía de sus propias declaraciones.
En ese sentido, indicó que tampoco se veía afectada alguna garantía constitucional al recibirse las testimoniales anuladas por el juzgado, debido a que el derecho a la no autoincriminación se dirige a quien pudiere resultar imputado de un delito y no impide valorar o introducir tales dichos como prueba en el proceso.
El caso:
Según la investigación, la organización captaba personas de bajos recursos de otras ciudades para registrarlas con un domicilio falso en la localidad de Monte Hermoso, bajo la promesa de darles algún beneficio, como la obtención del carnet de conducir, vales de nafta o subsidios.
Una vez que realizaban el cambio de domicilio, ingresaban al padrón electoral de Monte Hermoso.
Así, en las elecciones celebradas durante el año 2015 fueron trasladadas en transportes -cuyo pago, sospecha la fiscalía, provenía de fondos públicos- hacia la sede del partido Frente Para la Victoria de Monte Hermoso y finalmente a las escuelas donde debían sufragar. En todo ese camino, según la imputación, eran condicionados a expresar el sufragio en favor de la agrupación política.
En el recurso de apelación, la fiscalía destacó que de las intervenciones telefónicas se desprendió una comunicación del hermano y mano derecha del intendente, en la que manifestó: “Parece un hotel mi casa, tengo como cincuenta cambios de domicilio”. En otro diálogo, su interlocutor le refiere que “hay que mirar en el padrón si está el que le diste la zapatillita, el otro que le diste el subsidio para que vaya a correr”.
Según señala la fiscalía, para concretar el plan la organización se való de personal de la Municipalidad de Monte Hermoso, con cargos gubernamentales cercanos al intendente y de punteros de calle que captaban a las víctimas y hasta ofrecían sus propios domicilios para hacer figurar potenciales electores, con el objeto de beneficiar la continuidad de Marcos Fernández, quien era el intendente de la localidad balnearia al momento de los hechos.
Por ese motivo, en febrero del 2020, la fiscalía solicitó el procesamiento de las nueve personas involucradas, por conformar una asociación ilícita destinada a la realización de una maniobra compleja. El pedido fue reiterado el 23 de junio, 15 de septiembre, 14 de octubre y 13 de diciembre de 2021 y el 11 de febrero de 2022. El 25 de este mes recibió respuesta por parte del juzgado.
Fuente: Fiscales.gob.ar
