El juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca, Claudio Brun, revocó la prisión domiciliaria que le había otorgado a Néstor Ibars, penado con 7 años de cárcel el 12 de noviembre de 2015 por el abuso de una joven con retraso madurativo.
Por esa decisión inicial, tomada en el marco de la pandemia, el magistrado quedó en el ojo de la tormenta, y al igual que otros pares, generó un profundo malestar en un sector de la sociedad, que incluso originó incidentes en cercanías del domicilio del condenado, en Punta Alta.
De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, adelantó que pedirá su juicio político.
Ibars, que se encontraba en la Unidad 19 de Saavedra, había regresado a su casa y era supervisado por el área social del penal, y el Patronato de Liberados.
La abogada de la víctima, Fernanda Petersen, advirtió que “no se cumplió con la ley que regula y representa los derechos de las víctimas en un proceso penal. Les da la posibilidad de que sean escuchadas y que puedan decir por qué se oponen a estos beneficios”.
