Se conoció la sentencia para 31 imputados en la causa Ejército III en Bahía Blanca, acusados por cometer 103 delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
21 de ellos deberán cumplir cadena perpetua. Se trata de los ex integrantes del Ejército Argentino Pedro Ángel Cáceres, Jorge Horacio Granada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel, José Enrique del Pino, Víctor Raúl Aguirre, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Alejandro Lawless, Raúl Artemio Domínguez, Arsenio Lavayén, Desiderio Andrés González, Gabriel Cañicul , Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Wartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Julio Guillermo González Chipont; Carlos Alberto Ferreyra y José María Martínez.
La medida alcanza también a los ex policías bonaerenses Pedro José Noel y Jesús Salinas.
El tribunal, integrado por José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava, condenó además a los ex Ejército, Oscar Lorenzo Reinhold a la pena de 14 años de cárcel; y a Jorge Horacio Rojas, Miguel Angel Nilos y Miguel Angel Chiesa, a 9 años.
A su vez, por el principio de duda fue absuelto Alberto Magno Nieva, quien quedó de inmediato en libertad.
En tanto que el ex jefe de la policía de Neuquén, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, recibió 9 años; el ex policía federal en Viedma, Osvaldo Vicente Floridia, a 10 años, mientras que a 3, el ex comisario de Cipoletti, Antonio Camarelli.
Por último, el ex integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Luis Selaya, fue condenado a la pena de 6 años de prisión, y a 3, Andrés Reynaldo Miraglia, de la misma fuerza.
Vale señalar que en el veredicto, los jueces resolvieron que se dispongan las penas “en penales comunes bajo jurisdicciones del Servicio Penitenciario Federal o en prisiones provinciales”.
Se investigaron crímenes llevados a cabo en los centros clandestinos de detención “La Escuelita”, en el predio del Cuerpo V del Ejército; “El Galpón” y el Gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181; “El vagón de tren”, “El Galpón ferroviario” y la División Cuatrerismo, dependientes de la Policía bonaerense, y la Unidad Penal N°4 del SPB.
Los fiscales fueron Jose Nebbia y Miguel Palazzani, y actuaron los abogados Monica Fernandez Avello como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y Walter Larrea, por la APDH.
