La Justicia Federal de Bahía Blanca dio un primer paso en el reclamo para recuperar los beneficios del régimen de Zona Fría. La jueza María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal N° 2, admitió formalmente el amparo colectivo presentado por el intendente Federico Susbielles junto con entidades de bien público y asociaciones de consumidores.
Sin embargo, la magistrada rechazó suspender de manera inmediata los efectos de la nueva legislación, por lo que la quita de las bonificaciones en las facturas de gas continúa vigente mientras avanza el expediente.
La presentación judicial fue realizada el 13 de octubre por el Municipio, la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Atlético Estrella. El planteo solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.828 y que se impida su aplicación en Bahía Blanca, luego de que la reforma impulsada por el Gobierno nacional dejara a la ciudad fuera del esquema de descuentos automáticos. La demanda sostiene que la exclusión resulta arbitraria, ya que las condiciones climáticas que justificaron la incorporación del distrito al régimen en 2021 no se modificaron. También advierte sobre un trato desigual respecto de otras localidades con características similares que conservaron el beneficio.
En su resolución, Marrón reconoció que el reclamo reúne las condiciones para tramitar como una acción colectiva por derechos individuales homogéneos, siguiendo los criterios establecidos por la Corte Suprema en el fallo Halabi. De esta manera, delimitó el universo alcanzado a los usuarios residenciales de gas por redes y a las entidades de bien público comprendidas en la Ley 27.218, cuyos suministros se encuentren dentro de los límites del partido de Bahía Blanca. No obstante, la jueza consideró que todavía no existen elementos suficientes para justificar una intervención urgente antes de escuchar a las autoridades nacionales. Entre sus fundamentos señaló que el pedido fue presentado en octubre, fuera del período de mayor demanda de gas, y que la nueva legislación contempla un esquema de subsidios focalizados para determinados sectores vulnerables.
Por ese motivo, la magistrada rechazó la medida precautelar que buscaba suspender inmediatamente los cambios, evitar los nuevos cobros y prevenir eventuales cortes del servicio por falta de pago. Sin embargo, solicitó al Estado nacional y al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) que presenten un informe sobre el interés público comprometido y los fundamentos de la medida cautelar solicitada. Para ello estableció un plazo de tres días, con otros tres adicionales por razones de distancia. Una vez recibidas las respuestas, deberá evaluar si corresponde dictar una suspensión de los efectos de la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo. Además, ordenó consultar al Registro Nacional de Procesos Colectivos para verificar si existen causas similares en trámite.
Desde el Municipio habían advertido que la eliminación de los descuentos del 30% y el 50%, según las condiciones de cada usuario, podría generar incrementos de entre el 50% y el 100% o incluso superiores en las facturas de gas. El intendente Susbielles también había alertado sobre el impacto que la medida tendría en los hogares, comercios e instituciones de la ciudad. La resolución de Marrón, por lo tanto, representa un avance procesal para el reclamo bahiense, aunque no implica la restitución de los beneficios ni un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma. La discusión continuará ahora con la respuesta del Gobierno nacional, mientras permanece abierta la disputa judicial para determinar si Bahía Blanca debe recuperar su condición de Zona Fría.
