Ocho efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que prestaban funciones en el partido de Villarino fueron cesanteados luego de que una investigación de Asuntos Internos determinara que habían adulterado sus declaraciones juradas para cobrar un adicional salarial que no les correspondía. La medida implica la separación definitiva de los agentes de la fuerza.
Los agentes involucrados son Gustavo Cano, Ángel Díaz, Diego Ibañez, Macarena María, Débora Montes de Oca, Flavia Ramos, Lorena Vázquez y Mailén Vázquez. Según se estableció durante el sumario, los agentes habrían declarado domicilios de residencia en el partido de Carmen de Patagones, pese a que no vivirían allí de manera permanente.
El caso comenzó en 2022 a partir de una denuncia anónima que involucraba a 24 funcionarios policiales. Tras la investigación, Asuntos Internos comprobó que ocho de ellos habían presentado declaraciones juradas con domicilios falsos y percibido durante varios años el denominado “beneficio por zona desfavorable”.
Ese adicional está destinado a los policías que residen de manera permanente en territorio bonaerense ubicado al sur del río Colorado. El monto extra varía de acuerdo con la jerarquía del efectivo, por lo que la falsificación de los domicilios les habría permitido incrementar sus haberes de manera indebida. Asuntos Internos consideró que las conductas constituyeron actos de corrupción.
Además de la sanción administrativa, los ocho policías son investigados en una causa penal que tramita ante la Fiscalía de Bahía Blanca. El expediente analiza los hechos bajo la figura de fraude en perjuicio de la administración pública, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.
