Un grupo de padres de alumnos de las escuelas medias dependientes de la Universidad Nacional del Sur presentó una denuncia penal por los reiterados paros docentes y el no registro de las inasistencias de quienes adhieren a las medidas de fuerza.
La presentación fue realizada contra la directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior (CEMS), María José Egidi, y apunta a presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, falsedad ideológica y defraudación a la administración pública.
Según explicaron los denunciantes, existe una práctica sostenida mediante la cual no se cargan en el sistema las adhesiones a los paros, pese a que las huelgas son públicas y comunicadas oficialmente a las familias.
Los padres sostienen que, de acuerdo con información obtenida a través de pedidos formales, en el sistema SIU-Mapuche existe la categoría “adhesión a paro”, aunque durante 2026 no habría sido utilizada. A partir de eso, aseguran que se habrían confeccionado planillas con asistencia “perfecta” incluso en jornadas afectadas por medidas de fuerza, permitiendo el pago completo de salarios sin descuentos. Además, indicaron que la situación no sería nueva y que se repetiría desde hace años.
Uno de los referentes del reclamo, Leonardo Valente, señaló que el grupo no cuestiona el derecho a huelga sino la falta de descuentos salariales por días no trabajados. También manifestó su malestar por la cantidad de jornadas de clases perdidas en lo que va del año en las escuelas preuniversitarias de Bahía Blanca.
Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) rechazaron duramente la denuncia y hablaron de una “campaña mediática judicial”. El gremio sostuvo que la presentación busca atacar “la legítima huelga docente” que se lleva adelante en el marco del reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En un comunicado, ADUNS también expresó su solidaridad con María José Egidi y cuestionó lo que consideró una persecución hacia las autoridades educativas. Según el sindicato, la denuncia intenta criminalizar el ejercicio del derecho constitucional de huelga y forma parte de un contexto de conflicto salarial y presupuestario que atraviesan las universidades nacionales.
