Un dato que enciende alarmas en el ámbito judicial y social fue revelado por la fiscal de Menores de Tres Arroyos, Marina Vizzolini: más del 50 % de los chicos que cometen delitos en la ciudad son hijos o familiares directos de personas con antecedentes penales.
La cifra surge de la experiencia acumulada en el fuero juvenil y expone una problemática que, según advierten desde la Justicia, trasciende lo estrictamente penal y se vincula con factores estructurales como la vulnerabilidad social, la falta de contención familiar y el impacto del consumo de drogas.
En diálogo con el medio local La Voz del Pueblo, la fiscal sostuvo que gran parte de los menores en conflicto con la ley proviene de entornos atravesados por crisis profundas. Se trata, en muchos casos, de hogares con padres ausentes, referentes familiares en situación de encierro o madres que enfrentan solas la crianza en contextos complejos.
“El chico ve y hace lo que hacen sus padres”, sintetizó Vizzolini, al explicar la fuerte incidencia del entorno familiar en la conducta de los adolescentes.
Delitos frecuentes y reiterancia
En Tres Arroyos, los delitos juveniles más habituales están vinculados a robos —particularmente en viviendas y comercios—, sustracción de motos y daños. A esto se suma un fenómeno que preocupa especialmente a la justicia: la reiterancia.
Según la fiscal, existen casos de menores que cometen delitos de manera sistemática, incluso varias veces por semana, lo que refleja la dificultad del sistema para frenar estas conductas en etapas tempranas.
Nueva ley y responsabilidad familiar
El escenario se da en un contexto de cambios normativos. La reciente reforma del régimen penal juvenil —que entrará plenamente en vigencia en septiembre— introduce modificaciones clave, como la posibilidad de imputar a partir de los 14 años y la responsabilidad civil de los padres por los daños causados por sus hijos.
Desde la Fiscalía remarcan que la ley busca dotar de herramientas más eficaces a la justicia, aunque advierten que el abordaje no puede limitarse a lo punitivo. “La ley penal es el último recurso”, sostuvo Vizzolini, al insistir en la necesidad de políticas de prevención.
Un problema social de fondo
Más allá de las estadísticas, el diagnóstico es claro: la delincuencia juvenil está profundamente ligada a condiciones sociales adversas. La falta de escolarización, la ausencia de actividades deportivas o laborales y la influencia del entorno aparecen como factores determinantes.
En ese sentido, el desafío no solo pasa por sancionar, sino por intervenir antes. Para la Justicia, romper el círculo que vincula antecedentes familiares y delito juvenil será clave para evitar que estas trayectorias se consoliden en la adultez.
