Un nuevo impulso al debate por la descentralización del poder en la provincia de Buenos Aires volvió a tomar forma en el ámbito legislativo, donde distintos sectores políticos presentaron proyectos para avanzar en una reforma constitucional que garantice una mayor autonomía a los municipios.
Las iniciativas presentadas en las dos cámaras, una de ellas en el Senado por Nerina Neumann, coinciden en la necesidad de modificar el régimen municipal vigente mediante cambios en varios artículos clave.
El objetivo central es otorgar a los distritos mayor capacidad de decisión política, administrativa y financiera, en línea con un reclamo que se mantiene desde el retorno de la democracia en 1983.
Entre los principales puntos propuestos se encuentra el reconocimiento pleno de los municipios como sujetos con autonomía institucional, lo que les permitiría, entre otras facultades, dictar sus propias cartas orgánicas y administrar sus recursos con mayor independencia.
Según los impulsores de la reforma, esto fortalecería la gestión local y permitiría respuestas más eficientes a las demandas de cada comunidad.
Asimismo, los proyectos contemplan aspectos vinculados a la organización territorial, la estructura del poder ejecutivo comunal, las competencias municipales y los mecanismos para resolver conflictos institucionales. También se busca consolidar la coparticipación como una fuente de ingresos propia de los municipios, reforzando su autonomía económica.
En lo político, se destaca que los gobiernos locales cumplen un rol clave como primer nivel de administración del Estado, especialmente evidenciado durante situaciones críticas como la pandemia, cuando los intendentes asumieron responsabilidades centrales en áreas como salud, seguridad y control de actividades.
En paralelo, otra de las propuestas plantea que sea una convención constituyente la encargada de definir los alcances concretos del nuevo régimen, en lugar de establecerlos directamente en la ley, lo que abriría un proceso más amplio de discusión institucional.
El debate se inscribe en una discusión más amplia sobre el federalismo y la distribución del poder en Argentina, donde las provincias son autónomas pero conservan la facultad de organizar el régimen municipal y definir el alcance de esa autonomía.
De prosperar, la reforma podría marcar un cambio significativo en la estructura política provincial, fortaleciendo el rol de los municipios y avanzando hacia un modelo de gestión más descentralizado. Mientras tanto, el tema vuelve a instalarse en la agenda pública como una “deuda histórica” pendiente dentro del sistema institucional bonaerense.
