La reciente condena a la policía Vanesa Núñez en el marco del caso por la muerte de Daiana Abregú volvió a poner el foco en el accionar judicial, luego de que la defensa de la imputada manifestara fuertes cuestionamientos al fallo y anticipara que evalúa recurrir la sentencia en los próximos días.
El Juzgado Correccional Nº1 de Azul resolvió condenar a Núñez por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, imponiéndole una pena de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La decisión se enmarca en la investigación por lo ocurrido en la comisaría de Laprida, donde Abregú falleció mientras se encontraba detenida.
Sin embargo, lejos de dar por cerrado el caso, la defensa reaccionó con dureza frente al veredicto. Según se informó, los abogados consideran que la sentencia presenta inconsistencias y cuestionan la valoración de las pruebas realizadas durante el juicio. En ese sentido, sostienen que no se acreditó de manera fehaciente una conducta negligente por parte de la oficial.
Uno de los principales ejes de la crítica radica en que, durante el proceso, se habría demostrado que no existió intervención de terceros en la muerte de Abregú, lo que —según la defensa— debilita la imputación por incumplimiento de deberes. También remarcan que la función específica que cumplía Núñez al momento del hecho no estaría claramente definida por normativa, lo que genera, a su entender, un marco de ambigüedad sobre las responsabilidades exigibles.
Además, los abogados plantean que hubo factores estructurales que no fueron debidamente considerados en la sentencia, como las condiciones edilicias de la comisaría y la falta de protocolos claros para el rol de custodia. Estos elementos, aseguran, inciden directamente en la posibilidad real de prevenir situaciones como la ocurrida.
En paralelo, la defensa también apunta a una supuesta “presión mediática e institucional” que habría rodeado el caso desde sus inicios, lo que —afirman— pudo influir en el desarrollo de la investigación y en el criterio adoptado por la Justicia.
Con este escenario, los representantes legales de Núñez adelantaron que se encuentran analizando los fundamentos completos del fallo y no descartan presentar una apelación en los próximos días, en busca de revertir la condena.
De concretarse, el caso podría abrir una nueva etapa judicial, prolongando un expediente que ya genera debate tanto en el ámbito jurídico como en la opinión pública, especialmente en torno a las responsabilidades del personal policial en contextos de detención y custodia.
