Un miembro del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Punta Alta presentó una demanda laboral contra la instiución y generó conmocación.
El agente reclama que los montos percibidos en concepto de viáticos por sus guardias como “cuartelero” sean reconocidos como salario, lo que desde la entidad consideran una confusión sobre el carácter voluntario de la función y advierten que pone en riesgo a una institución de bien público.
La situación derivó en una demanda millonaria que mantiene en vilo a la comisión directiva y a la comunidad. El presidente de la Asociación, Julio Chanquía, confirmó que el reclamo supera los 46 millones de pesos, cifra que incluye el monto original, las costas judiciales y las actualizaciones correspondientes. “Fue un baldazo de agua fría para todos”, reconoció el dirigente.
El conflicto se centra en la figura del “cuartelero”, un rol clave para el funcionamiento del cuartel, encargado de atender comunicaciones y activar los protocolos de emergencia. Según explicó Chanquía, estas guardias son cubiertas por bomberos voluntarios que reciben una compensación económica para afrontar gastos, pero que legalmente no constituye un sueldo. “Es un bombero del cuerpo activo que recibe un viático por las guardias”, señaló en declaraciones a Radio Rosales.
Desde la conducción de la institución sostienen que el demandante se consideró erróneamente un empleado. “Esta persona se confundió, se consideró un empleado y reclama una suma muy importante. Es un tema que venía de comisiones anteriores y que no se pudo resolver mediante el diálogo”, afirmó el presidente, quien remarcó que no hubo posibilidad de negociación antes de que avanzara la vía judicial.
El caso genera preocupación en todo el sistema de bomberos voluntarios, ya que podría sentar un precedente con fuerte impacto económico. “Duele muchísimo que un bombero actúe contra su cuartel”, expresó Chanquía, al tiempo que advirtió que la prioridad de la Asociación es generar recursos para el equipamiento y la operatividad, y no para afrontar juicios. Además, aclaró que la Comisión Directiva no puede aplicar sanciones al demandante, aunque reconoció que el clima interno es tenso ante una demanda que amenaza la estabilidad financiera de la institución.
